En la noche de este lunes, integrantes del Ejecutivo de Cecilio Salazar plantearon a los directivos de la Clínica San Martín la posibilidad de alquilar el sanatorio por tres meses con el objetivo de hacer frente a la necesidad de atención de 5 mil afiliados de PAMI directamente afectados por la crisis de la clínica. 

Esta mañana, cerca de las 11.00, el Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete y el de Salud Edgar Britos mantuvieron una reunión con representantes de ATSA y adelantaron la propuesta para los trabajadores. Tras esta reunión, hubo asamblea de empleados de la clínica en las que se decidió rechazar la posibilidad.

Isabel Bravo, Secretaria Gremial de ATSA dijo que "no les cierra nada" porque "no proponen una solución efectiva": "Nos cae la desconfianza porque no se van a hacer cargo de las deudas del personal", indicó. El pago de lo adeudado correría por cuenta de los directivos de la Clínica, con parte del dinero abonado por el Municipio en concepto de alquiler. 

"No creo que los directivos de la Clínica se preocupen por pagar", sostuvo Bravo ante esta propuesta del Municipio, con el descreimiento lógico provocado por meses sin percibir los sueldos adeudados.

"Hablaban de pagar un adelanto del mes a principios de mes y a fines de junio pagar tdo el mes", contó Bravo con respecto al pago de los sueldos. Además, detalló con respecto a la propuesta: "Los aportes sólo iban a estar por parte del propio empleado (obra social, sindicato y ART) pero no se hablan de las cargas de la empresa". 

Uno de los puntos que motivó el rechazo es que no había seguridad de continuidad laboral para todos los empleados de la Clínica: "No todos los sectores iban a funcionar bien porque sólo les interesa la parte de la internación. La cocina no iba a funcionar al 100 por ciento, en laboratorio sólo la extracción y luego se derivaba al Hospital, en Rayos sólo la radióloga... No iba a haber médicos del lugar...", repasó Bravo en el aire de La Radio 92.3.

"En Asamblea se decidió que no porque no hay seguridad para todos", indicó Bravo. "El personal está afectado y no nos queremos involucrar en el problema político. Yo entiendo que es un ente privado y que nadie tiene la obligación de salvarlo pero si hay un interesado esperamos que se resuelva de una buena vez por todo", concluyó la dirigente gremial.