En 1979, el entonces dictador Jorge Rafael Videla pronunció la frase más cínica y perversa que definió a la sangrienta dictadura cívico militar: “¿Qué es un desaparecido? En cuanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido (…) Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”. 

En esa frase, Videla dejó claras dos cosas. Primero, define las características de las víctimas: no existen. No constan en ningún registro oficial, en ningún parte militar, ni en ningún acta de defunción. No hay registros, oficiales al menos. Lo segundo: ellos saben. Saben que hay desaparecidos y saben quiénes y cuántos son. Saben dónde están y si están vivos o muertos. 

Javier Milei pide “una lista” con todos los nombres de los detenidos-desaparecidos de la dictadura. Mientras, a su lado se encontraba el ultraconservador Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, del que Milei fuera asesor. Quizás podría empezar preguntando por ahí. O a Victoria Villarruel, quien además de secundarlo en la lista de diputados nacionales en las elecciones legislativas del año pasado y ser una férrea vocera del negacionismo, es sobrina de un represor e hija de Eduardo Villarruel, perteneciente al Ejército y cómplice de la dictadura. Si a Javier Milei le interesa saber dónde están los 30.000, que empiece por preguntarles a sus aliados políticos. Milei va a encontrar muchas más respuestas entre los suyos, porque al fin y al cabo nosotros nos hacemos la misma pregunta: ¿dónde están los 30.000?

Hace poco visité el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Pozo de Arana", y todavía sigue resonándome un dato: se hallaron allí más 10.000 restos óseos, que se cree que pertenecieron a no más de 15-16 personas. Para que se den una idea, un cuerpo humano tiene 206 huesos. Significa que los restos estaban totalmente destruidos. En muchos casos, incinerados, fundidos con neumáticos quemados. Por lo que se pudo extraer ADN solo de dos personas. Lo que significa que hay otras 14 de las que jamás sabremos su identidad. Por el "Pozo de Arana" pasaron, entre tantos, los pibes y pibas de "La noche de los lápices". También Jorge Julio López (en su primera desaparición) cuyo testimonio fue clave para hallar los restos.

Este espacio, que hoy es patrimonio de la lucha por la memoria, constituye uno de los tantos testimonios del modus operandi de la dictadura: no bastaba con secuestrar, desaparecer y asesinar. Había que eliminar cualquier posibilidad de que pudieran ser reconocidos. Había que despojar a los muertos de lo último que tenían: su identidad. Es por esto que el número de los desaparecidos no deja de ser un número abierto. Como en todo genocidio, los números nunca "son precisos". Pero, ¿acaso importa? En la dictadura no solo tuvimos muertos, principalmente tuvimos desaparecidos. El Estado, de manera ilegal y arbitraria, secuestró, torturó, desapareció y asesinó a miles de personas. 

Es justamente por esa clandestinidad en la que se cometieron los hechos por lo que el número de víctimas es un número abierto. Jamás sabremos con precisión cuántos fueron, porque se aseguraron bastante bien de que no tengamos los cuerpos, porque no, no tenemos una lista, la mayoría de genocidas jamás dijeron ni una palabra sobre los nombres de las víctimas y el paradero de los cuerpos. Muchos se llevaron ese secreto a la tumba. Como el genocida Miguel Etchecolatz, recientemente fallecido y quien fuera Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Con su muerte probablemente se fue la oportunidad de saber sobre el paradero de miles de personas. Entre ellos, los cientos de bebés secuestrados por la dictadura.

Es inhumano que importe más un número que los cientos de testimonios crudos y desgarradores de las víctimas. Acá postulamos que fueron 30.000, y no vamos a discutir cifras. No solo porque hay numerosas investigaciones y estimaciones de Organismos de Derechos Humanos que lo avalan, sino porque en este país se secuestró, se negó la presunción de inocencia y el juicio justo, se torturó y se fusiló por la espalda. Acá no se disputan cifras, acá se denuncia que hubo un Estado represor y genocida. El hecho mismo de no saber, (de no poder saber), cuántos fueron, cuáles eran sus nombres, quiénes eran sus familias, dónde están sus cuerpos, también es parte de la denuncia. 

El discurso negacionista de Javier Milei lo único que hace es desnudar la naturaleza de estos grupos, que de liberales parecieran tener poco más que el nombre, y que sus discursos no resisten ningún análisis, dejando en evidencia una ignorancia supina que no es para nada inocente y está cargada de odio. Al fin y al cabo, estamos ante los herederos de la pata civil de la dictadura que nunca fueron juzgados. No podemos permitir que se niegue el atroz genocidio ni que los cómplices sigan impunes. La inmensa mayoría de la sociedad argentina dijo nunca más, intentemos recuperar esos consensos. 

No dejemos pasar estas declaraciones repudiables de dirigentes políticos que pretenden instalar la mentira como sentido común, dañando a la democracia y poniendo en peligro los acuerdos básicos sobre derechos humanos. Porque eso es lo que buscan, ese es su fin último: ir en contra de los derechos de las mayorías en beneficio de las minorías económicas, y no les importa cuanta sangre más tenga que correr.