El Concejo Deliberante de Baradero sigue siendo el escenario de una disputa con varias aristas. Juan Ramos, concejal electo en uso de licencia, pretende retornar a su banca en medio de un proceso judicial que lo tiene acusado de Abuso Sexual Agravado y Corrupción de menores junto a otros dos acusados, Juan Sebastián Concilio y Luis María Tettenborn. En la misma causa aparece procesado también Alcides Eduardo Giménez, por "Abuso sexual con acceso carnal".

Este lunes 31, y tal como lo había anticipado, Juan Ramos se presentó en el HCD para retomar su banca, aunque la situación vivida en la última sesión ordinaria, que no llegó a concretarse porque los bloques no se hicieron presentes en el recinto, seguía generando dudas sobre la situación del edil procesado. 

Minutos antes, con el respaldo del intendente Esteban Sanzio y en principio el acuerdo del resto de los bloques, la presidenta del cuerpo Gabriela Herrera redactó un decreto que, por el momento, impide la reasunción de Ramos, solicita un informe de la situación procesal del edil y apunta a la creación de una Comisión Investigadora. Con una copia de ese decreto, Ramos se retiró del recinto. 

En el aire de Tu Radio 105.7, Herrera explicó que el decreto obedece no a una situación política sino a la gravedad de las acusaciones que se le imputan a Juan Ramos. "La Constitución habla de la presunción de inocencia pero también hay artículos sobre la honorabilidad y hay un cambio de paradigma con nuevas leyes, incluida la Ley Micaela", dijo Herrera que recordó que la ley orgánica es "de la época de la dictadura militar".

Contó además que todos los bloques habían acordado, de cara a la sesión del pasado viernes 28, elaborar un decreto y hacer una consulta para evaluar la nota presentada por Ramos, "basándonos en la presunción de inocencia pero también teniendo en cuenta la normativa en temáticas de género".

"Estamos hablando de honorabilidad, que es la primera palabra de nuestro cuerpo, y no puede ser un debate tan liviano", señaló Herrera. Entre el resto de las concejalas y concejales existiría en principio las intenciones de acompañar, aunque en muchos casos aún persisten las dudas sobre las posibilidades reales y legales para impedir la reasunción de la banca de Ramos, pese a los aberrantes delitos por los que ha sido procesado.

El edil insiste en sus redes, y a quien quiera oírlo, en su inocencia y habla de un "armado político". Lo cierto es que la Fiscala Viviani, a cargo de la instrucción de la causa, cuenta con un expediente lo suficientemente sólido, a su criterio, como para pedir la elevación de la causa a juicio con las carátulas señaladas, por los abusos sexuales reiterados ocurridos contra una menor de edad en el año 2008.

Como si fuera poco, Ramos podría sumar en las próximas horas una denuncia por amenazas de parte de la propia presidenta del cuerpo ya que, al verse impedido de tomar posesión de su banca, el procesado señaló que no se haría cargo de la integridad de los presentes. Esta situación también sería puesta a consideración de la Justicia.