Publicado el 29/12/2020 a las 10:54 Hs.

Aborto Legal: Una deuda de la democracia que necesita ser saldada

Por Nadia Quiroga

Foto ilustrativa

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito comenzó en 2015, como parte de una idea surgida de los Encuentros Nacional de Mujeres, ante la necesidad de tomar el reclamo que las preexistía y transformarlo en bandera, y esa bandera, en pañuelo.

El pañuelo verde aborto que se transformó en un símbolo en el mundo del reclamo de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo, será el protagonista este miércoles 29 de un nuevo intento por conseguir la ley que ponga fin a la desigualdad entre quienes pueden afrontar un aborto con pastillas y en condiciones de higiene y salud adecuadas, y quienes dejan su vida por la decisión de no maternar.

Pero no solo ello, es también el seguro para que las niñas no sean obligadas a parir y para que se cumpla con la aplicación de la ley del aborto no punible que sí, está contemplado en el Código Penal argentino, y que legaliza el aborto en casos en que la embarazada fuera menor de edad o víctima de una violación, o corriera peligro su vida. Sin embargo, hoy hay al menos cinco provincias que carecen de protocolo para su aplicación: Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes. Además otras cuatro fijaron sus propias directrices: Córdoba, Mendoza, Neuquén y Misiones.

Y en todo el país, sobrados ejemplos sobran, las niñas son obligadas a parir porque el sistema judicial y sobre todo los jueces que aplican las leyes, dilatan hasta el imposible las causas por sus propias objeciones de conciencia que priorizan por sobre los daños irreversibles en estas pequeñas obligadas a maternar cuando deberían estar jugando. Poco importan ahi los derechos de niñas y niños que esgrimen los sectores antiderechos que se escudan detrás de pañuelos celestes.

Pero la discusión va mucho más allá y pone en debate un solo eje: la legalidad o la ilegalidad, porque el aborto existió, existe y existirá. En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Negar la práctica y esconder la cabeza bajo tierra como el avestruz poco tiene que ver con legislar. No se trata del escenario ideal, en el que no existan abortos; se trata del escenario real en el que los hay, y donde el Estado debe garantizar que las mujeres no mueran. Porque la ilegalidad no salvó ninguna vida, y no es un slogan marketinero.

La Campaña Nacional y las cientos de miles de mujeres que salieron, salen y saldrán a la calle en defensa de sus derechos, piden además «Educación Sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar». La Educación Sexual Integral, ley sancionada en 2006, encuentra en los mismos antiderechos los principales frenos para su completa implementación. Los anticonceptivos, sabemos, no están al alcance de todos ni en todos los rincones del país. Y aún estándolo, si falta educación, tampoco sirven.

Mientras de un lado y de otro se cuentan votos, hay quienes cuentan miserias y con argumentos de poco vuelo esbozan un «con mis impuestos no», ante el concepto de aborto gratuito, como parte de una respuesta del sistema de salud pública a una problemática real. Lo mismo podrían decir tal vez los no fumadores respecto al tratamiento de cáncer gratuito aplicado a quien fumó dos o tres paquetes diarios de cigarrillos ignorando las advertencias. O de quien necesita semanas en terapia intensiva tras un accidente en auto por no llevar el cinturón de seguridad colocado.

Pero incluso ni siquiera esos argumentos son necesarios: el Observatorio de Géneros del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en su informe “La economía del aborto”, demostró que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto seguro, legal y gratuito, teniendo en cuenta que los abortos tienen un costo fiscal «oculto» de 2.586 millones de pesos.

«Si el Estado tuviera una política pública de aborto legal, seguro y gratuito, se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos», indican desde CEPA en uno de sus datos, explicando que «si se hubiera entregado misoprostol a 45.600 casos, el Estado hubiera gastado solo $314 millones en lugar de $2.586 milllones por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos».

La Argentina tendrá este martes, y recién por segunda vez, un debate parlamentario que deja al aborto a un paso de ser ley. En un escenario peleado, voto a voto, con Senadores que juegan aún al misterio, la deuda parece a punto de saldarse. Para la Marea Verde que rebrota en las calles hay algo seguro: ya no hay marcha atrás y será ley.