Publicado el Sat, 02/20/2021 - 09:23 Hs.

La Policía Bonaerense tiene 6 mil denunciados por violencia de género: el 80% sigue en funciones

Sobre la violencia de género y la responsabilidad (real) del Estado

Foto ilustrativa

Por Nadia Quiroga

El femicidio de Úrsula Bahillo en manos de su expareja, el policía de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, que seguía en la fuerza pese a las numerosas denuncias en su contra por violencia de género (hacia Úrsula y otras parejas anteriores), deja al descubierto la necesidad de políticas y medidas concretas que no queden en simple palabrerío de las (supuestas) buenas intenciones. 

Tras la revuelta de 2020 y ante la amenaza de un nuevo paro de la Bonaerense hace apenas días (horas después del femicidio de Úrsula), el gobernador Axel Kicillof, acompañado por su ministro de Seguridad Sergio Berni, habló de la Policía provincial como una institución con «elementos antiguos y estructurales que mejorar» e insistió en la necesidad de «hacer una transformación de fondo». En línea con ese pensamiento, dijo que era necesario dotar de "elementos y salarios dignos a los uniformados". Pero nada se dijo de sanciones ni mucho menos de la responsabilidad de la fuerza en la "protección" de los "compañeros" en detrimento de las víctimas. 

La Policía Bonaerense, compuesta por unos 96 mil agentes, tiene, según un informe de Asuntos Internos, seis mil policías activos denunciados por violencia machista. El 80 % de ellos continúan en función. Cabe aclarar, además, que, como también el caso de Úrsula deja al descubierto, no siempre las víctimas tienen la "suerte" de que les reciban las denuncias, mucho menos cuando el victimario pertenece a la misma fuerza que debe hacerlo. La revictimización a la que son sometidas quienes pretende denunciar también es un mecanismo de protección de los violentos, y "ayuda" a las estadísticas de Berni. 

Aún así, los números oficiales marcan que el 6,25% de los efectivos policiales tienen denuncias.  El medio de prensa Perycia fue quien dio a conocer la cifra de policías sumariados por violencia de género: de los 5966, 21 estaban trabajando en comisarías de la Mujer y la Familia; 364 ya tenían medidas de sanción previas. De los 5602 restantes, solo fueron expulsados 984. El resto sigue en función y, a lo sumo, deben acreditar hacer un curso en capacitación en género.

En diciembre 2020, el ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, a través de la resolución 471/2020 publicada en el Boletín Oficial, dispuso que se "proceda a la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales en los casos en que exista denuncia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso".

En los últimos días, La Pampa, siguiendo la normativa nacional, dispuso una medida similar que alcanza a los 2800 integrantes de la policía provincial. "El decreto del gobernador Sergio Ziliotto partió la iniciativa del Servicio Social de la Policía, que recepciona las denuncias, pero no tenía posibilidades de actuar de manera inmediata", explica ante la consulta Horacio Di Nápoli, ministro de Seguridad pampeano. 

"A raíz de este planteo, el gobernador dispuso un decreto para darle el respaldo en la inmediatez, más allá de que después intervenga la Fiscalía y pueda disponer la extracción del arma. La intención nuestra es que si la primera que hace el abordaje es la Policía, resguardamos a la víctima para que no haya un mal mayor", detalla Di Nápoli, que apunta que la intención es "separar la buena policía de aquel que ostenta un poder artificial de un arma o un uniforme para hacer una amenaza o golpear a alguien".

Durante el 2020, cuenta Di Nápoli, hubo alrededor de 45 efectivos denunciados, lo que representa el 1,6 del total. Es cierto que las características de la fuerza policial, partiendo de la base solo de la cantidad de integrantes, es distinta a la Bonaerense. Pero la medida no requiere más que de decisión política. 

"Tenemos que ir más allá, hacer un abordaje integral al policía que está en actividad", sostiene Di Nápoli, que junto al gobernador Ziliotto y el ministerio que conduce Frederic trabajan en un proyecto de ley, próximo a presentarse, de lo que será la "nueva Policía de La Pampa", donde, además, se contempla el abordaje necesario por parte de profesionales psicólogos, psiquiátras y asistentes sociales, para trabajar con los efectivos policiales. "Nos tenemos que encargar, tenemos que salir a buscar el problema", explica Di Nápoli, que reconoce que es necesaria "una fuerte inversión en todo el país".

En la provincia de Buenos Aires, las difíciles relaciones entre Berni y su par nacional son públicas y notorias, tanto como la falta de medidas concretas de sanción a efectivos denunciados por violentos y/o futuros femicidas.

El cambio estructural de la Policía Bonaerense (que además, y según la CORREPI, fueron responsables junto al Servicio Penitenciario de la muerte de 249 personas, por violencia institucional, en el 2020), es urgente. Pero reiteramos, depende de una decisión y acción política, no de ministerios vacíos.